Lima, 22 / 10 / 2007
La ambición le salió caro. Hasta ocho años de prisión podrían recibir aquellos funcionarios estatales que se apropien indebidamente de dinero público, como habría sido el caso del jefe distrital del INEI en San Juan de Miraflores, Paul Asurza Gallegos, estimó el abogado penalista Luis Lamas Puccio.
Asurza fue detenido luego que la Policía encontrara en su domicilio los 10 mil nuevos soles que él mismo había denunciado antes como presuntamente robado. El dinero, desde un primer momento, estuvo en su domicilio.
Empero, la pena aumentaría de cuatro a diez años si se considera el agravante que contempla el Código Penal, es decir, si el dinero estuvo destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social.
Lamas consideró que el delito configurado en este caso es el de peculado por tratarse de un funcionario o servidor público.
Fuente: Noticia Local - Agencias
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