10 abr. 2008

Inician campaña contra la contaminación por plomo en el callao

Lima, 10 / 04 / 2008

Una campaña destinada a solucionar en forma definitiva la grave contaminación que padece el Callao a consecuencia de los depósitos de plomo y su posterior transporte hacia el muelle portuario, inició ayer la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
La defensora instó al Ejecutivo, al Congreso y a las autoridades públicas y privadas a decidir “en el menor tiempo posible” por la instalación de una faja transportadora de minerales o de un puerto de embarque de minerales ubicado fuera de Lima.
Merino señaló que desde hace más de 60 años las zonas aledañas al puerto del Callao se encuentran contaminadas con metales pesados, como el plomo, condenando a hombres y mujeres, niños y adolescentes a desarrollar sus actividades en un ambiente que amenazaba su salud y sus vidas
“Estas sustancias tóxicas están dañando seriamente la salud y afectando las posibilidades de desarrollo de nuestros compatriotas. Lo más grave de esta situación es que a estas personas se les ha privado del derecho fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida” afirmó.
Merino inició esta campaña visitando el colegio María Reiche, en la avenida Contralmirante Mora, ubicado en medio de depós1itos de minerales. Esta zona ha sido considerada como peligrosa por la alta concentración de plomo en el ambiente. “En este colegio los niños tiene un bajo coeficiente intelectual a consecuencia del plomo en la sangre de los escolares que les impide tener un desarrollo normal de su vida. Algunos de cuarto año de primaria no saben leer bien” dijo.
El transporte de los minerales del las minas a los almacenes ubicados en zonas urbanas del Callao como Puerto Nuevo y San Juan Bosco, ha producido una enorme contaminación que ha afectado a más de 80 mil pobladores de los asentamientos humanos mencionados y también de Santa Marina Sur, Santa Marina Norte, Barrio Fiscal 1 y 2, Centenario, Ciudadela Chalaca, Barrio Frigorífico y Chacarita.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Paro en Iquitos en apoyo a nativos de Andoas

Iquitos - Loreto, 10 / 04 / 2008

De forma parcial y con algunos incidentes de violencia, la población de Iquitos acata este jueves un paro de 24 horas, convocado por el comité de apoyo a los indígenas Achuar detenidos tras la toma de un lote de la empresa petrolera argentina Pluspetrol, en el poblado de Andoas (Datem del Marañón), en marzo pasado.
Durante el inicio de la jornada de protestas, una combi -propiedad de una panadería- fue apedreada por los manifestantes, quienes reclaman la liberación de los once nativos que permanecen detenidos en el penal de Guayabamba
Así mismo, una camioneta particular fue atacada en el céntrico Jirón Próspero, aledaño a la plaza de armas. Según trascendió, dos reporteros fueron agredidos cuando intentaban sacar fotografías de la protesta.Los mercados atendieron a puertas semi abiertas y muchos transportistas públicos prefirieron no salir a trabajar. El servicio de mototaxis se desarrolla de forma restringida en la capital loretana.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) base Loreto, Gildler Torres, denunció que la convocatoria a esta paralización ha sido iniciativa de Manuel Coronado Lino, dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en Maynas, con quien su gremio mantiene serias discrepancias.
De igual modo, los delegados de agrupaciones políticas que guardan relación con los gobiernos locales y regionales -como Fuerza Loretana y el Partido Aprista- también han mostrado su oposición a esta paralización.
Como se recuerda, el 20 de marzo, un nutrido grupo de nativos Achuar tomó el lote 1AB de la compañía Pluspetrol Norte, en el poblado de Andoas. Los indígenas reclamaban a Pluspetrol un aumento salarial, capacitación del personal en los talleres, mayor participación en los programas laborales de la empresa y un programa de desarrollo para las comunidades nativas, entre otros puntos.
Sin embargo, el sábado, la Policía envió a 90 de sus efectivos al lugar para desalojar a los manifestantes que ocupaban el aeródromo de la petrolera. Esto dio pie a un enfrentamiento, donde el suboficial Jaime Reyna Ruiz perdió la vida por impactos de bala en la cara y en el pecho.

Fuente: Noticia Local - Agencias - Radio La Voz de la Selva

Declaran en emergencia Alto Amazonas

Yurimaguas - Loreto, 10 /04 /2008

El alcalde de Alto Amazonas, Héctor Hidalgo Rojas, declaró en emergencia esta provincia loretana, afectada por intensas lluvias que han dejado más de dos mil familias damnificadas.

La cifra se desprende de un informe emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el cual fue elevado al Gobierno Regional de Loreto a fin de obtener el apoyo para los afectados.

Las fuertes precipitaciones han causado enormes aniegos en varias comunidades del Alto y Bajo Huallaga, en particular en el distrito de Balsa Puerto, donde una treintena de familias lo han perdido todo.Sin embargo, trascendió que el documento fue elevado a Tarapoto, en la vecina Región San Martín, donde el INDECI deberá dar la luz verde a su filial en Alto Amazonas.

De su parte, la municipalidad provincial ha convocado a la ciudadanía a una campaña de solidaridad para este domingo, a fin de recolectar ropa, medicinas, agua y víveres para socorrer a los perjudicados por la furia de la naturaleza.


Fuente: Noticia Local - CNR - Radio Oriente

Investigan presuntas irregularidades en manejo de recursos asignados para Ica tras sismo

Lima, 10 / 04 / 2008

Fotografía: Ademir Espíritu

La Contraloría General de la República autorizó a la procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales para que, en representación del Estado, impulse las acciones legales correspondientes por las presuntas irregularidades en el manejo de recursos asignados al Gobierno Regional de Ica para atender la emergencia tras el sismo del 15 de agosto.

La Contraloría designó una comisión con la finalidad de verificar las denuncias formuladas por el Congreso de la República sobre presuntas irregularidades en los meses de setiembre a noviembre de 2007.

Como resultado de dicha actividad se evidenciaron irregularidades en la compra, mediante el proceso de exoneración por situación de emergencia, de 48 mil 400 galones de petróleo por la suma de 510 mil 805 soles en vales de combustible a determinadas empresas proveedoras.
En dichas operaciones no se contó previamente –en las ciudades de Chincha y Pisco- con la documentación necesaria para determinar el valor referencial y los requerimientos técnicos mínimos, indica una resolución publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Asimismo, a la fecha no se ha culminado la suscripción de los contratos con dichos proveedores. Tampoco se han efectuado las regularizaciones en el plazo exigido por ley.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Alcaldes de Lima y Callao plantean tener mando sobre jefaturas distritales policiales

Lima, 10 / 04 / 2008

Alcaldes distritales de Lima y Callao plantearon mayores facultades para liderar los planes de seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones, como tener el mando sobre las jefaturas distritales, a fin de que los planes se ejecuten eficazmente.

La demanda de estas autoridades locales está contenida en el proyecto de Ley de Efectividad Municipal en Seguridad Ciudadana, que los burgomaestres han diseñado y vienen discutiendo desde hace algunas semanas.

“Lamentablemente, no existe un mando en los planes de seguridad ciudadana y los alcaldes estamos limitados en nuestras funciones”, sostuvo el burgomaestre de Jesús María, Enrique Ocrospoma.

Ocrospoma señaló que existe un “celo institucional” que es natural porque la Policía Nacional no quiere dejar pasar algunas funciones ni estar supeditada al mando del alcalde “pero la coordinación para la ejecución de planes no puede establecerse bien si no hay un mando”.

Sostuvo que mientras este tema para la Policía es sólo un asunto de “coordinación”, para los alcaldes es un problema de modelo, “un modelo que no funciona”.

Agregó que para los alcaldes el asunto es tan preocupante que varios de ellos han planteado que se desparezca el sistema de Serenazgo y que la PNP asuma toda la función que le compete.

Por su parte, el burgomaestre de La Molina, Luis Dibós, afirmó que los alcaldes no pueden asumir la responsabilidad penal, política y administrativa de algo que no manejan como es la seguridad ciudadana.

“Si yo le digo a un coronel lo que tiene que hacer, él me responderá que tiene que consultar a su comando y si este comando se equivoca la responsabilidad recaerá en la municipalidad”, comentó.

Similar opinión emitió el alcalde de Surquillo, Gustavo Sierra, quien indicó que la población tiene la idea de que las autoridades locales son los responsables de la seguridad ciudadana cuando la realidad es otra.

“La ley nos da en el papel la responsabilidad absoluta de la seguridad ciudadana pero no tenemos facultades concretas para coordinar eficientemente con la Policía Nacional”, manifestó.
“Parece que hubiera una decisión colegiada del comando (policial) de no ayudar a las municipalidades. Nosotros invocamos a que se restituya la eficiencia y el apoyo permanente que debe haber entre las dos instituciones, Policía Nacional y municipalidades”, remarcó.

También se pronunció el alcalde de Lince, Martín Príncipe, quien aseguró que los alcaldes no pretenden usurpar funciones sino logra el apoyo policial en materia de seguridad.
“No es posible que las municipalidades tengamos que pagarle 50 soles a cada policía que en su día libre patrulla junto a los efectivos de serenazgo, cuando eso debe ser parte del apoyo de esa institución a las comunas”, reclamó.
Once burgomaestres y 10 representantes de alcaldes se reunieron hoy en la municipalidad de Jesús María para discutir el proyecto de ley. La próxima cita será el martes 15 en la sede municipal de La Molina.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Director General del Grupo Santander visitó proyectos de Ayuda en Acción en Villa El Salvador

Lima, 10 / 04 / 2008

El Consejero y Director General del Grupo Santander, Francisco Luzón y el Presidente de Ayuda en Acción, Jaime Montalvo Correa, aprovecharon su corta visita a Lima para recorrer varias zonas del distrito de Villa El Salvador, donde la ONG española ejecuta una serie de proyectos de desarrollo en beneficio de las personas que menos tienen.
Luzón y Montalvo, quienes llegaron la noche del domingo, procedentes de Madrid para cumplir una apretada agenda en nuestra ciudad, visitaron algunos proyectos educativos y culturales que Ayuda en Acción viene ejecutando en Villa El Salvador, junto a su socia la ONG Tierra de Niños.
La visita empezó en la Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura-CIJAC de Villa El Salvador, apoyada por Ayuda en Acción, donde los directivos del Grupo Santander y la ONG española, respectivamente, asistieron a una presentación artística llena de ritmo, talento y color, a cargo de los niños y jóvenes de la zona.
La ocasión sirvió de marco para que el Presidente de Ayuda en Acción, Jaime Montalvo, anunciara la incorporación de Francisco Luzón, como nuevo miembro del Patronato de Ayuda en Acción en España.
Luzón, quien además de Consejero y Director General del Grupo Santander, es Vicepresidente Mundial de Universia y Presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla La Mancha, resaltó el trabajo de Ayuda en Acción e hizo un llamado a los niños y jóvenes para no dejarse vencer por la pobreza y la adversidad y luchar por alcanzar sus sueños.
Posteriormente, ambos personajes visitaron la cuna, las aulas de inicial y la sala de cómputo de la Institución Educativa 7091-República de Perú, construidas y equipadas por Ayuda en Acción, donde recibieron las muestras de afecto y agradecimiento de los profesores y alumnos del plantel.

Fuente: Dirección de Comunicaciones Ayuda en Acción-Perú

Salud mental: dignidad y no estigmas

Lima, 10 / 04 / 2008


César Martínez(*) es una persona con esquizofrenia, que desde los 17 años recibe atención psiquiátrica y farmacológica a través de EsSalud.
Durante años ha luchado contra el estigma y las falsas creencias que llevan a su familia y entorno inmediato a considerarlo en “desventaja” frente a la vida, pensando que necesita “vigilancia permanente”.
Hasta la fecha, César ha sido internado cuatro veces contra su voluntad, por periodos de hasta dos meses, lo cual ha afectado su vida laboral, social y educativa. En ningún momento se buscó su consentimiento. Por el contrario, su voluntad de recibir el tratamiento fuera del hospital fue ignorada bajo el argumento de que los síntomas de su enfermedad persisten.
El Día Mundial de la Salud nos hace pensar en los casos de personas con enfermedades mentales como César, que ahora vive reintegrado a su vida laboral, familiar y social, así como nos lleva a exhortar a que las instituciones públicas y de la sociedad civil se sumen al esfuerzo de lograr la atención integral de las personas con diagnósticos de enfermedades mentales y su inclusión a la sociedad como personas ciudadanas en el ejercicio de sus derechos.
Según Elsa Bustamante, responsable de la “Iniciativa para la Inclusión de las Personas con Discapacidades Mentales” de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), los internamientos involuntarios deben ser restringidos a situaciones de emergencia, pero en la medida de lo posible se debe contar el consentimiento libre e informado de la persona.
Desafortunadamente, la Ley General de Salud ha sufrido tantas modificaciones, desde su promulgación en 1997, que aún no ha sido reglamentada, por lo que no se puede especificar cuál es el tiempo mínimo en que una persona con diagnóstico de enfermedad mental internada involuntariamente debe dar su consentimiento informado. Así se generan lamentables casos de desamparo legal como el de César.
La práctica, el enfoque de tratamiento y la rehabilitación aplicados, en muchos de los casos de personas con enfermedades mentales, son contrarios a lo que en los últimos años se ha desarrollado en materia de normas internacionales de derechos de las personas con discapacidades mentales y que han sido suscritas, incluso, por el propio Estado Peruano.
En estas normas se señala que todo tratamiento debe ser lo menos restrictivo posible, buscando que las personas puedan rehabilitarse en su entorno familiar, social y comunitario. En este sentido, la “Iniciativa para la Inclusión de Personas con Discapacidades mentales” busca difundir y promover la importancia e implementación de estos nuevos enfoques en nuestro país.
César ha podido enfrentar el estigma y discriminación y actualmente está impulsando una organización social de su zona y participa activamente por la defensa y protección de sus derechos en una red de usuarios de servicios de salud. Esperamos que más personas como él puedan ejercer sus derechos como ciudadanos.

Fuente: Aprodeh