Estado peruano no recauda S/.17 mil millones por evasión del impuesto a la renta

Las medidas para reactivar la economía adoptadas por el gobierno de Ollanta Humala, no han logrado reactivarla como se esperaba. Por el contrario, representarían un costo al fisco de aproximadamente S/.5.000 millones, cifra que cuadriplica el presupuesto del programa Juntos, dirigido a personas en pobreza, señala el informe de Oxfam “Agenda contra la desigualdad: cinco temas críticos para cerrar las brechas”, presentado hoy en Lima.

En un escenario electoral,  Oxfam en Perú hace un llamado a los candidatos/as presidenciales  y a quienes se encargan del desarrollo e implementación de políticas públicas, a enfrentar con mayor decisión la pobreza y desigualdad que se vive en el país, a través de la inversión en la gente, la justicia fiscal, la mejora de la calidad de los empleos, el impulso del desarrollo rural y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.  

La época del auge y crecimiento económico que vivió el Perú entre el 2004 y 2013, con tasas promedio de 6%, sostenida principalmente por los altos precios de los minerales, terminó y los precios se mantendrán modestos, según proyectan diferentes instituciones internacionales.  El ritmo de la economía peruana se ha desacelerado, y en 2014 y 2015 el crecimiento fue menos de la mitad del promedio experimentado durante el auge. En este contexto, el país enfrenta varios desafíos.  Uno de ellos –sostiene el informe-, es  mantener sus niveles de inversión social, tomando en cuenta el importante rol de programas como Juntos en la reducción de la pobreza monetaria. Sin embargo, advierte Armando Mendoza, economista e investigador de Oxfam, los presupuestos públicos de este año han sido recortados para algunos programas sociales, justamente como Juntos, que reducirá 50 mil beneficiarios, así como para el sector salud, en particular el Seguro Integral de Salud (SIS), lo cual representa riesgos para las personas con mayor vulnerabilidad.

“Actualmente, un 40% de la población es vulnerable a la pobreza. Si bien no se encuentra en esa condición, un suceso adverso como una enfermedad o pérdida de empleo, podría llevarlos a la pobreza”, sostiene Mendoza. El economista explica que en un escenario de desaceleración económica, es importante fortalecer la inversión en la gente para que personas que hoy son vulnerables, estén protegidos, y para que quienes son beneficiarios de programas sociales, abandonen la pobreza fortalecidos ante cualquier eventualidad.

¿Cómo lograrlo en un escenario de desaleceración económica? El informe de Oxfam sostiene que una tributación más justa y progresiva es clave. En particular, la lucha contra la evasión y la elusión tributaria resulta fundamental. Solo en 2014, el 30% no pagado por concepto de Impuesto a la Renta (IR) habría sumado alrededor de S/. 17 mil millones al fisco, monto superior al presupuesto modificado del gasto que el  Estado peruano dirigió al sector salud en dicho año.

Por otro lado, se propone reducir gradualmente el peso de los impuestos indirectos que gravan el consumo. “La actual tasa de 18% del IGV es una de las más elevadas de la región, y su aplicación es indiscriminada, afectando en mayor medida a los sectores con menos recursos. Debe plantearse su gradual reducción o racionalización, con menores precios para productos de consumo popular”, opinó Mendoza.

Es clave fortalece la gobernanza ambiental y la consulta

Por otro lado, como parte de las medidas que tomó el actual Gobierno en 2013 para reactivar la economía, la Ley N° 30230, conocida como el ‘paquetazo ambiental’, generó el debilitamiento de la normatividad ambiental, y un costo para el país, que no ha sido cuantificado ni aclarado, por lo que una de las propuestas claves del informe es fortalecer la Gobernanza Ambiental. Según Mendoza, el actual contexto electoral y económico, con una caída de la inversión minera, ofrece la oportunidad para repensar y replantear la relación del Estado, con las personas y las industrias extractivas. “Es importante sincerar el impacto socioambiental y económico de las actividades extractivas, así como  fortalecer las insituciones ambientales y la consulta previa, colocando la diversificación productiva en el centro de la agenda”, señaló Mendoza.

Bajo la misma lógica de cerrar las brechas de desigualdad para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, el informe sugiere mejorar los estándares laborales, entre ellos sincerar e institucionalizar los mecanismos de reajuste de la remuneración mínima vital, congelada hace cuatro años. Igualmente, impulsar el desarrollo rural, comenzando por una agenda para la agricultura familiar y sus diferentes problemas: titulación colectiva e individual, acceso al crédito y capacitación.

Fuente: OXFAM

Informe demoledor contra Castañeda

Las cifras en rojo. Un informe presentado ayer por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, deja mal parada la gestión de Luis Castañeda Lossio al frente de la comuna limeña.

Concluye que en esos ocho años (2003-2010) se ejecutaron obras mal hechas, que costaron mucho más de lo presupuestado inicialmente y destaca la tendencia de dicha administración edil por recurrir a la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que “evita la transparencia, abre paso a la sospecha y debilita la capacidad de gestión municipal”.

En una extensa conferencia de prensa, la burgomaestre dio cuenta de los montos de inversión que el período anterior entregó a la OIM. Agregó que la Municipalidad se convirtió solo en una mesa de partes y le cedió a este organismo sus competencias, la titularidad de sus contratos y la territorialidad de su jurisdicción legal.

Susana Villarán detalló que en el período bajo lupa se ejecutó un total de S/.1,211 millones a través de entidades internacionales, lo que representa –como promedio– el 48% de la inversión total de la municipalidad en obras de infraestructura. Esto equivale –dijo– a 178 obras, de las cuales 33 estaban inconclusas. Agregó que de esas 33, 21 ya han sido entregadas en esta gestión y 21 se encuentran en ejecución.

“La OIM fue una 'service’ que utilizó la municipalidad para tercerizar sus obras y sus compras sin tener que rendir cuentas. La OIM fue la que recibió las obras, sustituyendo a la administración en la función de darles conformidad. La Municipalidad solo aparecía en la foto o en las microondas, el día de la inauguración”, señala el informe leido por Villarán.

La alcaldesa también precisó que los registros oficiales que obran en poder de la comuna dan cuenta de que por estos servicios se le pagó S/. 42 millones por comisión –tal como lo denunció este diario–, además de otros S/. 6 millones pendientes por obras en ejecución. Esto lo dijo al recordar que la OIM señaló que se le ha pagado “solo S/.27 millones”.

Consultada por Perú.21, dejó en claro que el sistema de recurrir a estas instituciones no es efectivo por la falta de transparencia y por la demora en la ejecución de las obras. En ese sentido, informó que su administración ha decidido no seguir con este mecanismo.

OTRAS PERLAS. En otro pasaje de la conferencia, Villarán informó que la única obra de la gestión anterior que ha quedado suspendida es el túnel Santa Rosa –que costó S/. 79 millones, para unir Rímac con San Juan de Lurigancho– por un desprendimiento de rocas ocurrido el 1 de febrero. Reveló que la actual gestión recién conoció este hecho una semana después porque la empresa supervisora reportó a la OIM y no a la Municipalidad.

Sobre El Metropolitano, reveló que su presupuesto pasó de S/.400 millones a S/. mil millones pese a que el tramo construido es ocho kilómetros menor al proyectado e informó que se destinarán S/. 60 millones para subsanar fallas.

Asimismo, mencionó los casos de obras dadas por terminadas y que en realidad estaban incompletas, como la avenida Salvador Allende (en el cono sur) o el complejo deportivo Pedro Huillca (en El Agustino), cuyo costo fue de S/. 800 mil y se entregó pese a su pésima y peligrosa condición.

También mencionó el caso del Teatro Municipal, cuyo presupuesto se incrementó de S/. 42 millones a S/. 67 millones sin que exista una rendición detallada de gastos. Agregó que la actual gestión está invirtiendo S/. 8 millones adicionales.

86% de niños indígenas de la Amazonía vive en la pobreza

La brecha entre la población indígena y la hispanohablante continúa siendo amplia en nuestro país, y el grupo más afectado es el que comprende a niños y adolescentes.

De acuerdo al estudio “Estado de la niñez indígena en el Perú”, desarrollado por el Unicef y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un 78% de la población infantil que tiene como lengua materna el quechua, el aimara o una amazónica vive en la pobreza. Esto se presenta a comparación de un 40% que habla castellano.

Aunque entre las regiones que cuentan con mayor niñez indígena pobre está Huancavelica (82%), Apurímac (76%), Ayacucho (72%) y Puno (67%), el informe reveló que la pobreza en la Amazonía se muestra en un 86%.

Paul Martin, representante de Unicef en el país, dijo que esto se origina porque el Estado ha concentrado sus programas de desarrollo en la población andina, la cual presenta mejoras que también se aprecian en el mencionado estudio.

“Ha habido un enfoque de las políticas recientes en solucionar los problemas de los pueblos andinos, incluso con los recursos del canon minero, algo con lo que no necesariamente cuentan los pueblos amazónicos”, dijo.

Martin señaló que se debe mejorar la accesibilidad a los servicios públicos en la selva. “Es claro que el desarrollo amazónico es un tema prioritario en la agenda del próximo gobierno y para Unicef”, dijo. Asimismo, hizo énfasis en la diferencia que aún existe entre los poblados rurales y urbanos en estas zonas.

Fuente: El Comercio - Noticia Local