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10 may 2015

INFORME: La lucha por no ser declarado “incapaz”

Bryan Russell tiene 22 años, es graduado en periodismo por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y habla inglés; pero cuando quiso ser socio junto con un compañero de la universidad en una empresa no pudo hacerlo; los prejuicios y la desconfianza asaltaron las dudas sobre su capacidad jurídica para realizar un acto notarial pues el joven tiene Síndrome Down.

A pesar de que no exista una norma que impida este tipo de actos, el Código Civil establece que “son relativamente incapaces los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad”. “El ejemplo de Bryan Russel es muy similar al de muchas otras personas que tienen que recurrir a procesos de interdicción para poder satisfacer una serie de ámbitos de la vida diaria”, explica Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad (Sodis).

La interdicción es el proceso mediante el cual se declara judicialmente la incapacidad absoluta o relativa de determinadas personas mayores de edad para el ejercicio de sus derechos. Cuando una persona es interdictada no puede votar, ni firmar sola un contrato, tampoco podrá casarse, ni sacarse por sí misma una tarjeta bancaria, decidir sobre una herencia, reclamar alimentos, tramitar una pensión de orfandad o registrar una microempresa. A través de este proceso se designa a un cuidador o representante denominado “curador” que es la persona que tomará todas las decisiones. En el Perú hay más de un millón y medio de personas con discapacidad, de las cuales miles han sido interdictadas para poder realizar algún trámite o reclamar un beneficio.

Los padres de Bryan Russell le enseñaron a no ponerse límites. Desde el día en que supieron que su hijo tenía síndrome Down se “concentraron en lo que Bryan podía hacer, no en lo que no podía hacer”, comenta su madre Gladys Mujica.  De esa filosofía nació el entusiasmo del joven por aprender, así pasó a ser el primer peruano con síndrome Down graduado en universidad. Sus objetivos están concentrados ahora en su inserción laboral, en estudiar una maestría y viajar.  “Es importante sentirse igual a los otros, porque ello nos da la fuerza para alcanzar lo que queremos hacer”, explicó Russell en su ponencia en el Foro Internacional de Educación Inclusiva en Colombia en noviembre del 2014. No resulta extraño entonces el rechazo que muestra el joven y la familia por la interdicción.

En el Perú, el 90% de los procesos de interdicción “corresponden a casos de personas de escasos recursos económicos que lo único que desean es que el familiar presuntamente incapaz (quien ha adquirido la mayoría de edad) continúe recibiendo atención médica en un centro de salud estatal, y a casos en que los padres del pre interdicto gozan de alguna pensión y desean, ante su eventual fallecimiento, que ésta se traslade al hijo incapaz”, según los datos ofrecidos por la juez de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jenny López, en la revista Jurídica. De hecho, para obtener una pensión de orfandad por incapacidad para el trabajo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) exige a las personas con discapacidad mental e intelectual una sentencia pese a que no está establecido este requisito en la normativa.


“Esta idea permanente de que no son capaces de realizar trámites legales o actos jurídicos por sí mismos, es una barrera que van a encontrar todas las personas con discapacidad a lo largo de sus vidas”, declara el abogado Alberto Vásquez. “Nunca me deje intimidar por nadie. Demasiada gente te dice lo que no puedes hacer”, afirma Bryan Russell. Mujica recuerda cuando Bryan fue a cobrar por primera vez un cheque en el banco y abrir una cuenta, “siempre miran con desconfianza. La gente no está acostumbrada”. El trabajador del banco le sugirió la necesidad de una firma mancomunada, pero finalmente no fue necesaria.

“El sistema jurídico en prácticamente todo el mundo presupone la incapacidad de las personas con discapacidad, y el pensamiento de que éstas no son capaces de tomar sus propias decisiones”, explica Liliana Peñaherrera, presidenta de la Sociedad Peruana Síndrome Down (SPSD). “El sistema propuesto es proporcionar apoyos para que alguien te apoye a tomar esa decisión. Que una persona requiera de un apoyo para realizar un trámite o para ejercer un derecho no significa que deba perder el derecho a tomar una decisión o a renunciar a todos sus otros derechos”, sentencia Vásquez.

Reforma del código civil

“La solución es cambiar el Código Civil, que es la última reforma pendiente importante para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el Perú”, propone el presidente de SODIS. La Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad (CEDIS), creada por la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973), ha presentado un anteproyecto de ley que propone reformar más de 80 artículos del Código Civil. Con esta modificatoria se busca que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin restricciones, y que la discapacidad no suponga en ningún caso una restricción a su capacidad para celebrar actos y contratos jurídicos.

Como mandato, la CEDIS tenía que formular, en el plazo de un año, un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil y demás normas que fueran necesarias a fin de guardar correspondencia con lo establecido en la Ley General de la Persona con Discapacidad y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).  “Estamos pidiendo que se forme un comisión de trabajo conjunta con la de Inclusión y Justicia que termine este proyecto de reforma para que pueda ser discutido en el pleno y sea aprobada una ley”, explica Peñaherrrera.

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Estado peruano está obligado a derogar la práctica de la interdicción judicial y a revisar las leyes que permiten la curatela de personas con discapacidad.

Fuente: Prensa SODIS

30 jul 2013

Ángela Bachiller es la primera edil con síndrome de Down

Ángela Bachiller es la primera concejal de España con síndrome de Down al tomar posesión de su cargo en el Ayuntamiento de Valladolid haciendo palpable el ejemplo de superación que ha conquistado a toda España.

La joven, tranquila y sonriente en todo momento, ha conseguido por sus propios méritos hacer historia en la política. Sin llegar aun a la treintena la nueva edil da un paso más en una brillante trayectoria en la que ha podido desarrollar su vida personal y profesional con total normalidad. 

Por ello, como una más, ayer lunes recibía de manos del alcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, la medalla que le acredita como nueva edil, además de la oportunidad de desarrollar una nueva vía de trabajo dentro del consistorio donde ya trabaja como auxiliar administrativa desde hace años.

Un acto donde la emoción y los aplausos de familiares y recientes compañeros han encumbrado a Ángela como la protagonista de la jornada en lo que supone un paso más hacia la normalización de las personas con discapacidad, encarnado en la figura de esta valiente mujer que ya es una más dentro en el Consistorio
Ni ella misma podía imaginar que cuando atendió la llamada delPartido Popular deValladolid para formar parte de las listas electorales de las municipales de 2011 iba camino de hacer historia en la política española y de convertirse en un referente y un ejemplo para las personas con algún tipo de discapacidad. 

Dos años después de los comicios, su tesón y valentía, unidas a la voluntad de los ciudadanos en las urnas (los populares lograron 17 ediles y ella era la número 18 en la lista), la dimisión de un edil y el empeño del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, han hecho que Ángela se convierta en la primera edil con síndrome de Down de España.

Bachiller sustituye a Jesús García Galván, que dimitió hace unas semanas al ser citado como acusado en el juicio del denominado «caso Arroyo». Antes incluso de la marcha de Galván, De la Riva ya anunció delante de la Reina -en la entrega de los Premios a la Accesibilidad- que Bachiller sería la nueva edil del consistorio. Tanto ella como su familia habían aceptado ya en ese momento la responsabilidad y el regidor lo hacía oficial.

Por expreso deseo de su familia, la joven se ha mantenido durante estos meses alejada de los medios de comunicación a la espera de que tomara posesión de un cargo que en principio no acarreará la asunción de un área de gestión. Esta reserva contrasta con el carácter abierto y la actividad constante que, según sus más cercanos, despliega Ángela Bachiller. Y es que además de su trabajo en el propio Ayuntamiento como auxiliar administrativa, ocupa su tiempo libre en actividades tales como el aprendizaje del inglés y sus estudios musicales de piano, preferentemente.

Su primera labor tras haber tomado posesión como concejal consistirá en su participación en un pleno municipal en el que se tratarán temas tan variados como la adhesión de Valladolid a la Red de Ciudades para la Accesibilidad, el plan de pago a proveedores y la promoción del vehículo eléctrico entre otros asuntos.

El nombramiento ha provocado una satisfacción generalizada. Desde la concejal de Bienestar Social, Rosa Hernández -su valedora-, que destaca su buen desempeño en el puesto que ocupa, hasta la propia ciudadanía de Valladolid y los colectivos sociales, todos avalan y aplauden la confianza depositada en Ángela. Así lo destaca, por ejemplo, Manuel Velázquez, presidente de la Asociación Down Valladolid, en la que la joven, que ronda los 30 años, participa activamente: «Es fantástica y encantadora en lo personal, muy trabajadora, muy luchadora y muy comprometida con lo que hace», asegura.

Un «gesto de normalidad»
En la misma línea, el gerente de Down España, Agustín Matía, cree que esta noticia «positiva» supone «un gesto de normalidad y de reconocimiento a la incorporación de personas con discapacidad a la participación social, civil y política», además de que sirve «para romper clichés».

Mientras, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) confía en que «esta situación, que hoy es la excepción y por eso llama la atención», sea la «expresión de la avanzadilla» de un proceso de acceso y presencia de personas con alguna minusvalía en la gestión de los asuntos públicos. Sin embargo, el Cermi critica que, mientras Bachiller asume esta responsabilidad política, «nuestra legislación electoral permite privar del derecho de sufragio a otras personas».

Fuente: Noticia Local - ABC